LA REFORMA JUBILATORIA FRANCESA

Desde el jueves 5 de diciembre Francia sufre huelgas y manifestaciones masivas. La causa de este desastre el el proyecto de reforma jubilatoria. O sea que la causa principal de las protestas es que nadie quiere aceptar que su vejez depende de un esquema Ponzzi, una mentira sostenida durante años por un Estado benefactor que está a punto de estallar.

Se trata de una propuesta de campaña de Emmanuel Macron. Prometió un sistema universal de jubilación donde un euro cotizado diera los mismos derechos a todo el mundo. También se comprometió a no modificar la edad de jubilación (62 años) y a mantener el nivel de las pensiones.

La situación es kafkiana, existen 42 regímenes de jubilación, con sus especificidades y administrados de manera independiente. La fórmula propuesta por el Gobierno es convertir las cotizaciones en puntos, de manera que estos se acumulen a lo largo de la carrera y sirvan de base para calcular la pensión. Nunca se ha barajado un sistema por capitalización en el que los ahorros del trabajador financien su jubilación futura.

La reforma seguirá basándose en un sistema de reparto y tendrá ganadores y perdedores. Entre los ganadores los activos con carreras interrumpidas o periodos de actividad cortos, como las mujeres o los estudiantes que trabajan unas horas a la semana. Entre los segundos, los funcionarios y los beneficiarios de los regímenes especiales, como los trabajadores de la empresa estatal del ferrocarril (SNCF) o de transportes de París (RATP) que son los que encabezan las protestas y jaquean al gobierno.

Las manifestaciones contra la reforma reunieron este jueves a 806.000 personas en todo el país, según el recuento de la policía comunicado por el Ministerio del Interior. Unas cifras muy inferiores a las de los sindicatos, según los cuales salieron a la calle más de 1,5 millones de personas en los más de 250 desfiles organizados, una movilización “histórica” en palabras de la Confederación General del Trabajo (CGT), que lidera la protesta. Los manifestantes están firmes bajo la consigna ‘revoltons-nous’,( vamos a rebelarnos), durante una protesta contra la madre de todas las reformas del presidente francés,

La Prefectura de Policía indicó que existían centenares de detenciones y 11.490 controles preventivos. El paro, que tuvo un seguimiento masivo en los ferrocarriles o en la entidad del transporte metropolitano RATP y significativo entre los controladores aéreos, tuvo enormes repercusiones en toda Europa

La huelga continúa con la voluntad firme del secretario general de la CGT, Philippe Martínez, de no detenerla mientras el Ejecutivo no renuncie a su reforma. El viernes por la mañana Martínez reunió a los otros líderes de las centrales convocantes para preparar su estrategia de presión sobre el Ejecutivo de Macron.

El primer ministro, Édouard Philippe, no pudo más que reconocer que el impacto del paro para el transporte y tanto él como otros miembros de su Gobierno insisten en que se mantiene abierta la negociación y que será a mediados de la semana próxima cuando Philippe presentará en detalle sus propuestas.

Vagones y estaciones de tren casi desiertas, mientras que las manifestaciones se llenaban de gente. El acatamiento más que notable fue en grandes ciudades como París, donde se congregaron entre 250.000 manifestantes, según los sindicatos, o 65.000, según la delegación del gobierno. Pero también hubo un seguimiento masivo en localidades medianas y pequeñas, como Perpiñán, Caen o Saint-Nazaire , donde protestaron al menos 9.000 personas en cada una de ellas. En varias localidades alcanzaron cifras que no se habían registrado desde 2010 con las protestas contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy.

Para colmo el éxito de la huelga quedó reflejado en que se paralizaron sectores claves de la economía y la sociedad, como los transportes ferroviarios y metropolitanos o las escuelas e institutos. Solo circularon uno de cada diez trenes en el conjunto de Francia. El tráfico en once líneas de metro en París quedó completamente interrumpido. A través de asambleas, los trabajadores de la compañía ferroviaria SNCF o de los transportes metropolitanos decidieron alargar la huelga hasta el lunes 9.

Agentes ferroviarios, maestras, abogados, artistas, enfermeras, estudiantes, periodistas de Radio France (medio público) son los sectores implicados. El Colectivo inter-urgencias, la punta de lanza de las numerosas movilizaciones que se produjeron en los últimos meses en el sector sanitario francés ha declarado: “Nos hemos implicado en este huelga porque queremos que se sumen los distintos movimientos, sobre todo en sectores de la función pública”.

La medida presentada con todo el relato de la igualdad contiene la promesa de que “un euro cotizado dará los mismos derechos a todo el mundo”. Las pensiones se calcularán a partir de los puntos obtenidos a lo largo de la carrera profesional. Es decir, dejará de hacerse en función de los seis últimos meses en el caso de los funcionarios o los mejores 25 años en los asalariados del privado. Lo que significa limitar en el 13,8% del PIB el gasto público destinado a las prestaciones de jubilación. Claramente y en función del envejecimiento de la población, implica una reducción de las pensiones.

Aunque Macron empezó a negociar esta reforma con los sindicatos en el otoño de 2017, este proyecto de ley aún no ha sido ni presentado oficialmente. Sus directrices constan en el informe publicado en verano por Jean-Paul Delevoye, el ministro encargado de esta medida. El primer ministro Édouard Philippe anunciará durante la semana que empieza la arquitectura general de la reforma. Recién ahí sabremos si Macron se mantiene férreo o hace concesiones, como la posibilidad, comentada en la prensa francesa, de que la reforma solo se aplique para las generaciones nacidas después de 1975.

El actual sistema de pensiones francés de reparto, en el que las cotizaciones de los salarios medios y más altos contribuyen para que los más modestos dispongan de jubilaciones más altas, es considerado como una de las conquistas sociales de la postguerra después de 1945 por los sindicatos franceses. Las protestas que empezaron este jueves mantienen similitudes con la huelga de diciembre de 1995 que forzaron al entonces primer ministro, Alain Juppé, a que renunciara a modificar el sistema, si bien los sindicatos era mucho más fuertes y lograron sacar a dos millones de personas en la calle. Lo mismo sucedió en 2003 y en 2010.

La promesa del presidente Macron de establecer una pensión mínima de 1.000 euros elevaría la cantidad que perciben los trabajadores de ambos sectores que hayan contribuido con la base de cotización mínima a la largo de su carrera. La reforma garantiza una pensión mínima de cerca del 85% del salario mínimo neto, un porcentaje que en la actualidad es del 75% para los agricultores, cuyas retribuciones son ahora mismo de media 780 euros (para los hombres) y 580 euros (para las mujeres). Los comerciantes, por su lado, reciben una pensión mínima de 970 euros, por debajo del umbral que establece la reforma. El Ministerio de Sanidad calcula que las mujeres aportan menos o durante menos tiempo que los hombres y perciben una pensión un 38,8% inferior a la de estos. Elevar el mínimo tendría un impacto directo sobre ellas.
La reforma prevé además una bonificación del 5% en la pensión por cada hijo a partir del primero, un derecho que se atribuirá por defecto a la madre a menos que haya un acuerdo previo entre la pareja, y que en la actualidad es del 10% para cada progenitor, pero solo cuando se han tenido tres hijos o más. Estos serían los sectores beneficiados.

Por el otro lado, los beneficiarios de regímenes especiales, trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) o de la entidad del transporte metropolitano de París RATP, principales protagonistas de la huelga, pueden jubilarse a partir de los 52 a 57 años, según las categorías, frente a los 62 años del régimen general. La reforma pretende acabar con esos beneficios para establecer un sistema por puntos en el que cada euro cotizado de los mismos derechos en el momento de la jubilación. El cálculo de su futura pensión será además menos ventajoso: hoy se apoya en los últimos seis meses de salario y en el futuro se quiere que cuenten todos los años cotizados.

Tampoco los docentes están contentos, su jubilación actual se calcula en base al último semestre de trabajo. Para compensar el cambio entre los funcionarios, el Gobierno prevé integrar las primas en el cálculo, que representan de media una cuarta parte de la remuneración de los empleados públicos, esa tasa cae al 10% en el caso de los profesores.
Los funcionarios de categoría C, la más baja de la administración, se verían penalizados, al igual que los profesores, por la menor incidencia de las primas en sus sueldos, lo que les perjudicaría a la hora de compensar el cálculo de sus pensiones sobre el conjunto de su carrera.

Los sindicatos quieren mantener la presión para obligar al Gobierno a retirar el proyecto y han hecho un llamamiento para volver a manifestarse y acudir a la huelga el próximo martes. Las centrales convocantes –CGT, FO, Solidaires, FSI y tres organizaciones estudiantiles- creen que la pelota está ahora del lado de Emmanuel Macron y de su primer ministro, Edouard Philippe, que presentará íntegramente el texto el miércoles. Philippe ha reiterado su voluntad de suprimir los regímenes especiales del ferrocarril y los transportes parisinos, pero también que está dispuesto a que la transición hacia el nuevo régimen sea “progresiva”.

El calendario de aplicación es uno de los aspectos en los que macron está dispuesto a ceder para evitar que el conflicto se prolongue. La izquierda ha declarado que el nuevo modelo significa jubilarse más tarde con una pensión más precaria. Solo el sindicato mayoritario, el CFDT defiende la idea del régimen universal.

Según la Dirección de investigación, estudios, evaluación y estadísticas (Drees), en 2017 la pensión media de los franceses era de 1.422 euros brutos mensuales. Pero el sistema, en un contexto de envejecimiento progresivo de la población, es deficitario (2.900 millones de euros, el 0,1% del PIB en 2018) y el Consejo de Orientación para la jubilación (COR) alerta de que el agujero podría ser de entre 7.900 y 17.200 millones de euros en 2025.

La dificultad de reformar el sistema jubilatorio radica en la idea general, vendida durante décadas de que se iba hacia una disminución de la edad de jubilación. Pero ya no es seguro que se puedan financiar las pensiones de las generaciones futuras. Es muy difícil de escuchar para aquellos que confiaron en la estafa del Estado de Bienestar. Lo cierto es que las cuentas no le cuadran al Ejecutivo debido al elevado déficit de este esquema, que asciende a 17.000 millones de euros. Una encuesta reciente señala que el 76% de los ciudadanos está a favor de un cambio en el actual sistema, pero sólo el 36% confían en las propuestas del Gobierno de Macron. Quizá por eso según otra encuesta, siete de cada 10 franceses están a favor de las protestas contra este paso.

Según la OCDE, Francia es uno de los países que más destina al gasto de pensiones del PIB, en torno al 15%. En 2018 el sistema de pensiones tuvo un déficit del 0,1%, 2.900 millones. El Consejo de Orientación de Pensiones ha revelado que habrá un déficit de 10.000 millones de euros en 2022. El equilibrio no se alcanzaría hasta el año 2042, pero el gobierno quiere que el déficit sea cero en el año 2025, a esta altura parece una ambición imposible.

Desarmar la estafa de un sistema colapsado ha significado la caída de la popularidad y aún así el fracaso de las propuestas de los antecesores de Macron. Veremos cómo sigue la historia.

Publicado en La Derecha Diario @laderechadiario