Protocolos: Cronología y preguntas abiertas acerca de la torpeza que acabó con el macrismo

 

El 1 de marzo de 2018, en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, Macri introdujo en su discurso el debate sobre el aborto. Si lo que buscaba era hacer historia lo logró. Se sintió pionero, fundacional, un “de acá para allá”. Todos los gobernantes sienten en algún momento la necesidad de estampar una impronta fundadora que determine en la sociedad un antes y un después. Esto no es necesariamente bueno. Hacer historia no significa hacer buena historia, sino simplemente hacer algo que se imprima en los manuales.

El 1 de marzo de 2018 Macri lo logró, tanto así que dijo: “Hace 35 años que venimos postergando un debate sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto”, y agregó “era necesario un debate maduro y responsable”. 

La diversas gestiones de Mauricio Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y de la Presidencia de la Nación fueron oscilantes con el tema aborto. Es difícil entender qué quiso hacer en cada momento. El cómo resulta del mismo modo un misterio. El sainete interpretado por el presidente y sus funcionarios a escasos días de terminar su presidencia no han despejado la incógnita.

Macri se va de la gestión dejando disconformes a verdes y a celestes. Sumemos además que deja un enfrentamiento mucho mayor en lo que se ha dado en llamar “la grieta” y un enorme desconcierto sobre su capacidad de comprender las señales a la hora de encarar políticas públicas. 

Habilitar el tratamiento parlamentario del aborto fue una jugada que no termina de vislumbrarse si fue una cuestión ideológica o de pragmatismo político. Se sabe que aquel 1 de marzo su anuncio despertó recelo en los sectores de la iglesia o que sencillamente se oponían al aborto. La febril maquinaria de comunicación de gobierno ensayó una explicación sinuosa pero conveniente para el que quisiera creerle:

– “como el proyecto tenía mucha presión de la sociedad civil y se iba a presentar lo mismo y Macri tenía minoría en ambas cámaras del Congreso, calculó que tenía que primerear enviando a sus legisladores a debatir, buscar consensos y jugarse a lo menos extremo en la materia. La otra opción era impedir el debate y boicotear el proyecto con el riesgo de que el texto fuera más crudo aún”

Si bien esta fue la excusa para un sector de su electorado y grupos de apoyo eclesiástico, el proyecto no se condecía con el relato. Se trataba de un texto que iba bien lejos, superando largamente leyes existentes en países de la región. De hecho se trataba de un proyecto radicalizado, ante el cual el oficialismo no esbozó un producto alternativo que fuera moderado y representativo de la centralidad de la coalición que lo había depositado en el sillón presidencial.

La habilitación del tratamiento pudo haber funcionado también como cortina de humo para tapar los magros resultados de la economía y los escándalos que para esa época surgían de su círculo íntimo. Esa fue otra teoría sobre las razones de la habilitación del debate.

Como fuera la estrategia era peligrosa. Alimentaba de una forma virulenta la división social. Tanto por el sí como por el no rápidamente se dividieron las aguas. El debate aportó al presidente la oportunidad de pelearle a CFK la arena progresista por la que bregaba desde su gestión al frente de CABA. Esta inseguridad ideológica eterna de Macri es la que aprovechó un sector no pequeño de su entorno. 

Como si las sociedades se comportaran siempre igual y respondieran a la planificación de los iluminados, descontaron que simplemente pasaría a ser él y no ella quien hiciera la movida más progre de la historia y dejarían de señalarlo como un presidente de derecha. Esta teoría se basaba en las declaraciones del estratega político de Macri: Jaime Durán Barba al que señalaban como el responsable último de la movida. Haciendo cálculos entre las encuestas y la opinión de la Iglesia, Durán Barba se apoyó en los datos cuantitativos que guiaban su abordaje pragmático. El consultor estrella tenía en sus manos (para aquella época) encuestas que señalaban que los argentinos tenían una módica mayoría a favor de la despenalización.

Un poco de historia

La presión nacional e internacional sobre la cuestión del aborto no es argentina ni escapa a una agenda diagramada y consensuada que, no obstante, tiene particularidades de acción dependiendo de su anclaje en cada país. En Argentina el tema no estaba ni remotamente entre los de mayor preocupación, no obstante un trabajo constante se gestaba desde hacía años.

Entre 2003 y 2004 comienza la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto”. Según dicen sus organizadores esta campaña es federal y reúne a 300 agrupaciones feministas. Su consigna fue exitosa a tal punto que resiste hasta hoy: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Es de esta campaña que surge el proyecto que se presenta por primera vez en 2007.

En el 2009, consiguen la adhesión de 22 diputados pero tampoco es tratado y vuelve a perder estado parlamentario. Hacia el 2011, el proyecto cuenta con el apoyo de 50 diputados. El oficialismo kirchnerista logra evitar que éste debate ocurra en plena campaña presidencial. 

En marzo de 2012, ocurre algo que cambiará el transcurso de los acontecimientos. La Corte Suprema dicta el fallo FAL. Qué significa esto? Desde 1921, el artículo 86 del Código Penal de la Nación establece excepciones a la punibilidad del aborto:

A- cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, 

B- cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. 

Bien, el 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció “el alcance de los permisos y reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley, cuando su vida o su salud están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación, sin importar la capacidad intelectual o psico‐social de la mujer”.

Con esta modificación todo cambió.

Entonces el proyecto se presenta por cuarta vez, con el aval de 60 diputados aunque vuelve a perder estado parlamentario. En 2014 se presenta con el apoyo de 70 bancas. En esa ocasión el macrismo y el kirchnerismo no dieron quórum a último momento. Una anécdota memorable protagonizó entonces la diputada kirchnerista Diana Conti que así respondía a Nicolás Del Caño ante las denuncias del diputado del FIT: “si intentan poner el tema del derecho al aborto en la agenda, nos ponemos de acuerdo y no venimos”.

En el mes de junio de 2015, el Ministerio de Salud de Nación publicó en su página web el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción

Legal del Embarazo”. Este documento es una actualización del protocolo del de 2010 que fue anunciado como resolución ministerial, pero luego esto fue desmentido. Si bien el Protocolo establece que “es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”, lo cierto es que el documento carece de estatus de resolución ministerial y por ende se trata solamente de una sugerencia y hasta una exhortación, más no una obligación.

Para el 2016, se realiza una nueva presentación con 70 legisladores que lo avalaron. El propio Mauricio Macri señaló en aquel entonces, que durante su gestión no se impulsaría ningún proyecto sobre interrupción del embarazo. 

Pero dos años después y a instancias del propio ondulante Macri, 6 de marzo de 2018 fue presentado el proyecto de cuatro diputadas: Victoria Donda (Movimiento Libres del Sur), Brenda Austin (UCR-Córdoba), Mónica Macha (Unidad Ciudadana) y Romina del Pla (Frente de Izquierda). Por séptima vez con 72 firmas dando lugar al debate que tuvo en vilo a la sociedad argentina a lo largo del año 2018.

El proyecto fue a comisiones encabezadas por Cambiemos: Salud, Carmen Polledo; Legislación General, Daniel Lipovetzky; Legislación Penal, Gabriela Burgos; Familia, Alejandra Martínez y Presupuesto, Luciano Laspina. El tratamiento en comisiones constó de 15 jornadas, 108 horas de exposiciones y 724 expositores ante los diputados. 

El 13 y 14 de junio en una sesión maratónica se logró la media sanción: 129 diputados apoyaron el proyecto y 127 lo rechazaron. Los verdes lo tomaron como una victoria propia de la lucha feminista y de la izquierda de casi dos décadas. Los celestes lo tomaron como una traición. Macri no conseguiría sacar rédito de la jugada.

En la madrugada del jueves 9 de agosto de 2018, el Senado, rodeado de cientos de miles de personas a favor y en contra, bajo la lluvia y el frío, rechazó la ley por 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. Esta vez eran los celestes que consideraban el rechazo un premio a su lucha y los verdes los que se sentían traicionados. Tampoco acá Macri sacaría rédito. Las grietas abiertas en la sociedad, en su electorado y en sus propias tropas fueron letales.

La cuestión del protocolo

El protocolo se actualizó pero aún no tiene estatus de norma jurídica. Incorpora el concepto de autonomía progresiva por el cual a partir de los 13 años se considera que una adolescente puede tomar decisiones.

La guía enumera los distintos métodos para abortar según el desarrollo prenatal del embarazo, haciendo una distinción entre Métodos Preferidos y Otros Métodos.

Los métodos preferidos son:

Aspiración al vacío manual o eléctrica: Mes 3 y 4 de embarazo.

Dilatación y evacuación: Mes 4 de embarazo.

Mifepristone y Misoprostol: Mes 3 y 5 de embarazo.

Prostaglandinas de uso vaginal en dosis repetidas: Mes 5 de embarazo.

Otros métodos son:

Dilatación y curetaje: Mes 3 de embarazo.

Soluciones hipertónicas: Mes 5 de embarazo.

Prostaglandinas intra amnióticas o extra amnióticas: Mes 5 de embarazo.

Inyección para detener el corazón del feto: Mes 5 de embarazo.​

En los casos más avanzados se usan técnicas como la llamada de dilatación y extracción intacta, que requiere dos o tres días de preparación, para asegurar la dilatación cervical necesaria, y los fármacos que induzcan el parto. El médico manipulará al feto, para hacer salir primero sus piernas, hasta dejar adentro solo la cabeza. Por último, se vacía el encéfalo por succión después de practicar una incisión en la base del cráneo.

Quien se declare objetor debe hacerlo “de manera explícita, con anticipación y para todas las situaciones”, en instituciones públicas o privadas.

Si los estudios previos a la práctica del aborto incluyen una ecografía, “se deberá explicar a la usuaria su derecho a solicitar no ver las imágenes ni escuchar los sonidos”. 

Este protocolo es el que el Secretario de Salud Adolfo Rubinstein reglamentó para que fuera de aplicación obligatoria en la resolución 3158/2019 del miércoles 20 de noviembre. Las idas y vueltas del Presidente y sus funcionarios terminaron por derogar la medida, que sigue en su carácter de sugerencia. La derogación se debió más bien a penalizar la insubordinación de Rubinstein antes que a estar en desacuerdo con el contenido del protocolo.

Hay que dejar en claro que toda esta batalla política no ha solucionado el tema principal. Profesionales de la salud vienen denunciando la precariedad del protocolo para ILE que de hecho existe desde hace más de 10 años.

La necesidad médica de realizar interrupciones de embarazo en casos particulares vinculados a la salud, requiere un protocolo, o sea un manual donde un grupo de expertos define y describe todas las acciones que deben llevarse a cabo para realizar el procedimiento basadas en la mejor evidencia disponible. 

Este protocolo no resuelve cuestiones de fondo muy sensibles y que los profesionales involucrados directamente en la práctica de la ILE necesitan. 

En el primer lugar se encuentra el límite de edad gestacional para realizar una ILE. Según la OMS se define como aborto a la finalización de un embarazo hasta las 20 semanas de gestación. Pero el Protocolo ILE habla de interrupción de embarazo, no de aborto, y brinda recomendaciones para finalizar gestas sin límites de edad. Esto abre la puerta a interrumpir legalmente embarazos con fetos viables. 

En segundo lugar no brinda recomendación alguna para el manejo del eventual caso en que tras una ILE sea expulsado un neonato. Un neonato prematuro desde la semana 22 se encuentra en el límite de la viabilidad. Sus chances de sobrevivir son bajas en nuestro medio, algo mayores en países desarrollados y aplicando cuidados extremos. Sin embargo las chances de supervivencia o no de este neonato no pueden negarle su status moral de individuo ni su condición de persona ante la ley. Tampoco pueden negársele sus derechos más básicos e inalienables de recibir la mejor atención médica posible para su condición, aun si fueran cuidados de confort hasta su fallecimiento, en virtud de si su concepción fue o no deseada por la gestante o de si su gestación determinó en la gestante un problema de salud para ella. 

Ninguna de estas cuestiones fue explicitada mientras las reyertas políticas tenían lugar. Mientras tanto, casos de neonatos viables con plenos derechos no tienen respuesta en el protocolo de la discordia. La actitud frente al feto viable con chances de nacer vivo luego de una ILE nos lleva a la tercera cuestión y es la de los derechos del médico. 

Para evitar pasar por encima de los derechos del médico existe la objeción de conciencia. Esta permite que un médico quede exento de realizar una práctica que incluye terminar con un producto de la gestación a quien él, sea por convicciones religiosas o morales o personales, considera como una vida. Sin embargo, la objeción de conciencia según la resolución está limitada a la persona individual que realiza la ILE. Lo que no dicen ni la resolución ni la recomendación es qué ocurre si nace un feto viable y con vida luego de una ILE respecto a quienes habitualmente proveen cuidados neonatales, médicos y enfermeras. Deben ser llamados para asistir al neonato? Y si no son llamados? Se están violando los derechos del neonato? Si el equipo de neonatología toma conocimiento de que se realizará una ILE de un feto potencialmente viable (cosa frecuente ya que en los centros obstétricos se realizan además de ILES, partos y cesáreas habitualmente) pero no se les permite actuar para brindarle atención ya que el objetivo de la ILE fue terminar con esa gesta, están siendo coercionados, están cometiendo el delito de abandono de persona? Si bien no entran en la figura del objetor, cual es su status frente a la ley? Nada de esto está especificado. 

La celeridad que garantiza la ILE no garantiza que la gestante consulte “en tiempo y forma”. Una de las principales causas de la demora en la realización de una ILE, además de la judicialización, es la consulta tardía. Y esto es frecuente en las pacientes de riesgo que típicamente son pasibles de ILE. Por vergüenza, desconocimiento o coerción de familiares o pareja la persona gestante puede llegar a la consulta más allá de las 20 semanas. 

Son muchos los vacíos que deja la recomendación tal como está, estos son unos pocos y desde una perspectiva diferente. 

Ideología o estrategia?

La fluidez con que el Presidente Macri ha enviado señales al votante pro y contra el aborto es apabullante. En eventos internacionales ha tenido una claridad meridiana respecto de su apoyo a la agenda feminista que incluye principalmente el tema aborto. Pero en otras ocasiones también se ha pronunciado con idéntica vehemencia a favor del bando celeste que lucha contra el aborto con su propia agenda. Cuál es el verdadero Macri? Misterio. El candidato que renovó en sus listas de legisladores a todos los políticos pro aborto es el mismo presidente que 18 días antes de dejar la Casa Rosada decide derogar una resolución que institucionaliza el protocolo que había sido avalado desde su propia gestión.

Se lleva críticas de propios y extraños por estas vacilaciones. Es como un alumno de Maquiavelo pero que hizo todo mal. Fue mal oportunista y mal especulador. Pocos meses antes de convertirse es su fiel secundador, Miguel Ángel Pichetto, era jefe del bloque opositor en el Senado, y acusaba a Macri de apelar al debate sobre el aborto para tapar lo que está “pasando con la economía”. 

La especulación era tan palpable que la propia socia de Macri, Lilita Carrió denunció frente a las cámaras el hecho diciendo: “¿Por qué no me preguntaron? Y yo les hubiera dicho: ‘Es un penal sin arquero para el kirchnerismo, La Cámpora se va a hacer feminista de un día para el otro. Y así fue”. Yo lo llamé (a MM). Me dijo: Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar el No”. 

Las rencillas políticas, la especulación y el desconocimiento van más allá de la actual gestión y  determinan que se introduzcan sólo cambios cosméticos que no resuelven cuestiones de bioética fundamentales. Al momento de finalizar este texto la resolución ha quedado sin efecto.

La ambigüedad y la torpeza políticas del gobierno sólo trajeron problemas para la gestión que no logró capitalizar su accionar. Más bien consiguió quedar mal con todos los bandos. 

Si la movida de Macri fue una cuestión de estrategia política o una cuestión de convicción ideológica, le salió todo al revés: los guiños que alternativamente hizo a verdes y a celestes en principio confundieron y terminaron por ofender a unos y a otros. La enorme movilización callejera/mediática/cultural verde robusteció a los sectores antiaborto que se despertaron, no sólo en la disputa de la calle si no en la arena política. Luego, el fracaso en la sanción de la ley, enojó a los pro aborto pero eso no reparó el enojo de los celestes. El presidente deja el poder el 10 de diciembre envuelto en el papelón de idas y vueltas. 

Publicado en La Derecha Diario @laderechadiario